Desplazados: que Santos aclare si va a extranjerizar la tierra
En nombre de la “confianza inversionista”, el gobierno anterior se sometió a las imposiciones del Banco Mundial y las Instituciones Financieras Internacionales en materia de política agraria y rural, sin importar la ruina del campo, el hambre de muchos colombianos y la pérdida de soberanía alimentaria nacional.
Pero el Banco ahora viene por más. Y si hemos de creerle a los anuncios de Alejandro Reyes, integrante de la “Comisión de empalme”, concluimos que el nuevo gobierno va a cumplir a pié de letra las nuevas imposiciones. Así lo dijo el Representante a la Cámara Wilson Arias, para quien lo que se vislumbra en materia de tierras es una reforma patrimonial, no una reforma agraria que le permita de verdad al campesino regresar a su parcela, mejorar sus condiciones de existencia trabajando el campo y producir alimentos para sus compatriotas.
Sostiene el Banco Mundial que en Colombia, “El uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes”.
Al Banco Mundial lo mueven propósitos nada altruistas. El organismo multilateral se queja de que el conflicto y la falta de títulos de propiedad dificulten la venta de las tierras de los campesinos: “En estas condiciones, hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado, lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción. Los mercados de arriendo son activos en términos de participantes, pero no de área…”.
Y es que las Instituciones Financieras Internacionales nos quieren imponer la extranjerización de la tierra como ya nos impusieron la agroexportación, la producción de gran plantación y los agrocombustibles. Acaparar tierras es el nuevo gran negocio de las transnacionales, a costa de la soberanía alimentaria y el hambre de de nuestros pueblos. Se debe denunciar que “ante el desplome financiero, los especuladores y la industria del sector se hacen al control de la tierra de estos países para producir alimentos y combustibles. Así por ejemplo, gobiernos extranjeros vienen comprando tierras en Sudán para exportar alimentos a sus propios ciudadanos, cuando la crisis de Darfur (oeste sudanés) hace que el Programa Mundial de Alimentos intente alimentar a 5.6 millones de refugiados. Lo propio ocurre en Camboya, donde 100.000 familias carecen de alimentos”.
En nombre de la “confianza inversionista”, el gobierno anterior se sometió a las imposiciones del Banco Mundial y las Instituciones Financieras Internacionales en materia de política agraria y rural, sin importar la ruina del campo, el hambre de muchos colombianos y la pérdida de soberanía alimentaria nacional.
Pero el Banco ahora viene por más. Y si hemos de creerle a los anuncios de Alejandro Reyes, integrante de la “Comisión de empalme”, concluimos que el nuevo gobierno va a cumplir a pié de letra las nuevas imposiciones. Así lo dijo el Representante a la Cámara Wilson Arias, para quien lo que se vislumbra en materia de tierras es una reforma patrimonial, no una reforma agraria que le permita de verdad al campesino regresar a su parcela, mejorar sus condiciones de existencia trabajando el campo y producir alimentos para sus compatriotas.
Sostiene el Banco Mundial que en Colombia, “El uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes”.
Al Banco Mundial lo mueven propósitos nada altruistas. El organismo multilateral se queja de que el conflicto y la falta de títulos de propiedad dificulten la venta de las tierras de los campesinos: “En estas condiciones, hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado, lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción. Los mercados de arriendo son activos en términos de participantes, pero no de área…”.
Y es que las Instituciones Financieras Internacionales nos quieren imponer la extranjerización de la tierra como ya nos impusieron la agroexportación, la producción de gran plantación y los agrocombustibles. Acaparar tierras es el nuevo gran negocio de las transnacionales, a costa de la soberanía alimentaria y el hambre de de nuestros pueblos. Se debe denunciar que “ante el desplome financiero, los especuladores y la industria del sector se hacen al control de la tierra de estos países para producir alimentos y combustibles. Así por ejemplo, gobiernos extranjeros vienen comprando tierras en Sudán para exportar alimentos a sus propios ciudadanos, cuando la crisis de Darfur (oeste sudanés) hace que el Programa Mundial de Alimentos intente alimentar a 5.6 millones de refugiados. Lo propio ocurre en Camboya, donde 100.000 familias carecen de alimentos”.
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