miércoles, 27 de diciembre de 2017
sábado, 29 de abril de 2017
jueves, 6 de abril de 2017
domingo, 2 de abril de 2017
Taller Final Gerencia del desarrollo regional
CECAR, abril de 2017
Favor realizar este trabajo en Grupo de estudio , de la siguiente manera: Grupo 1 El Castillo; Grupo 2 Vistahermosa; Grupo 3 Uribe ; Grupo 4 Mesetas; Grupo 5 Lejanias .
Recomendaciones generales
1.Analizar segun los criterios esbozados en clase el PD territorial y el diagnostico municipal.
2. Explicar ampliamente a cada alcalde el alcance del ejercicio academico: conocer como se prepara el municipio para la nueva vida del posconflicto. Es decir ¿ Como vamos con la paz territorial?
3.Lograr acuerdos con la Alcaldia para reunirse con la comunidad y desarrollar preferblemente las cinco mesas tematicas que trata ejercicio .
4. El ejercicio con la comunidad no debe ser mayor de dos horas , con el animo de realizar al final una plenaria que permita unificar criterios con la comunidad. Anexo por correo ustedes recibiran la Metodologia de trabajo sugerida .
5. Al final de cada eje , en parrafo seguido, usted encontrara los temas a desarrollar en cada mesa como problematicas y conflictividades del tema .
6.Los textos y anotaciones en word que cada equipo produzca se debe enviar al correo del tutor al igual que el video de 10 a 15 minutos de duracion que cada grupo de trabajo elabore con la participacion de la comunidad, el cua debe se remitido al correo del tutor antes del 12 de abril de 2017.
Ejes temáticos para la construcción de paz
Los PDT son un instrumento para la construcción de paz en todos los municipios y departamentos, sin embargo, en los territorios más afectados por el conflicto armado se identifican una serie de condiciones comunes que favorecieron o permitieron la reproducción y prolongación del mismo por décadas.
A continuación, y como referente, se proponen cinco (5) ejes temáticos que recogen estas problemáticas y conflictividades, algunas de las cuales han sido identificadas como retos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el marco de los diálogos de paz.
1. Desarrollo rural integral sostenible y ordenamiento territorial.
El conflicto armado ha afectado principalmente a territorios que enfrentan grandes desafíos en términos de desarrollo integral, sostenibilidad ambiental y ordenamiento territorial. El 88% de los municipios donde la incidencia del conflicto es alta y muy alta, son municipios clasificados como rurales y rurales dispersos.
Dentro de este eje temático se identifican problemáticas y conflictividades relacionadas con: propiedad y uso de la tierra, presencia de zonas de reserva ambiental, disponibilidad de recursos naturales, planes de ordenamiento territorial, actividad agropecuarias, forestales y mineras en el territorio, oferta para el campo en infraestructura, bienes y servicios públicos, seguridad alimentaria, y productividad rural, necesidades de resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva agrícola, entre otros.
2. Víctimas del conflicto armado.
Colombia cuenta con 6,1 millones de víctimas del conflicto armado sujeto de reparación cuyas afectaciones se presentaron en territorios de alta presencia de grupos armados ilegales, pobreza y baja institucionalidad.
Colombia cuenta con una Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armando Interno. Además, las víctimas han sido el centro de los actuales diálogos de paz, priorizando la garantía de derechos y la reparación integral a las víctimas como temas en los que la nación y los gobiernos territoriales tendrán que hacer enormes esfuerzos.
Este eje temático recoge las problemáticas y conflictividades asociadas a la violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado (homicidio, desplazamiento, secuestro, víctimas por minas antipersonales, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otros) y a la implementación de los componentes de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.
3. Fortalecimiento institucional y participación.
En la mayoría de los casos, el conflicto armado se ha ubicado en territorios con bajo desempeño institucional y con pocas condiciones para el ejercicio del derecho a la participación por parte de la sociedad civil. Según el Índice de Desempeño Integral del DNP, el 57% de los municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto armado, tienen un desempeño institucional medio, bajo o crítico (DNP, 2015). Por su parte, siguiendo datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE, solamente el 7% de ciudadanos que conocen los mecanismos e instancias de participación ciudadana los han usado alguna vez, 74% de las personas no cree que dichos dispositivos beneficien a todos por igual, el 72% considera que no sirven para reivindicar derechos, y el 65% asegura que no permiten el cumplimiento de planes, programas y proyectos para la comunidad.
Dentro de este eje temático se identifican las problemáticas y conflictividades relacionadas con una débil gestión institucional de los municipios (capacidades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas, articulación con la sociedad civil), y con una débil o baja participación de la sociedad civil en espacios de participación, veeduría ciudadana, construcción de agendas de desarrollo y paz, iniciativas de paz existentes, interlocución con la institucionalidad, entre otras. En este eje también se identifican las capacidades de la institucionalidad y de la sociedad civil frente a la construcción de paz (abordaje de conflictos, diálogo, concertación, mecanismos de resolución pacífica).
4. Economías ilegales y alternativas productivas.
El 60% de los cultivos ilícitos censados en 2013 y 2014 se concentraron en municipios y departamentos con alta afectación por conflicto. En estos mismos años, las fronteras con Perú, Brasil y Panamá se consolidaron como los principales focos de minería ilegal y explotación ilícita de recursos naturales (DNP, 2015). Para atender este problema, el PND ha planteado los objetivos de fortalecer la articulación del Estado en un marco de política criminal coherente, eficaz y con enfoque restaurativo y de enfrentar elproblema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada.2 Además, desde los diálogos de paz se ha propuesto una solución con un enfoque de desarrollo rural, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y programas para tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública.
Las principales problemáticas asociadas a este eje temático son la presencia de cultivos ilícitos, de economías ilegales, la carencia de alternativas productivas sostenibles y el consumo de sustancias psicoactivas.
5. Justicia y seguridad.
El acceso a la justicia y la seguridad en el territorio son dos condiciones necesarias para conseguir una paz estable y duradera en el país. De acuerdo con el PND 2014-2018, existe un patrón demográfico de concentración de la impunidad como resultado de un bajo desempeño de la justicia en departamentos de alta afectación por conflicto e inseguridad; mientras que departamentos de baja intensidad del conflicto registran bajas tasas de impunidad. Estos temas representan, además, enormes desafíos en un escenario de posconflicto, donde un gran número de excombatientes estarán pasando por un proceso de desmovilización e incorporación a la vida civil, en comunidades y territorios donde habrá que reconstruir el tejido social y generar condiciones de convivencia pacífica, solidaridad y confianza.
El eje de justicia y seguridad recoge las problemáticas asociadas a la inseguridad en el territorio (presencia de actores armados, crimen organizado, minas antipersonales y otros artefactos similares, entre otros), a la inseguridad ciudadana y humana, a la baja capacidad en la prestación de servicios de justicia por parte del Estado, a la subutilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y a los retos para la incorporación a la vida civil de desmovilizados, entre otras. También se identifican las problemáticas relacionadas con el ejercicio de los derechos civiles y políticos de personas, organizaciones y comunidades.
jueves, 30 de marzo de 2017
martes, 28 de marzo de 2017
domingo, 26 de marzo de 2017
Ejes temáticos para la construcción de paz
Los
PDT son un instrumento para la construcción de paz en todos los municipios y
departamentos, sin embargo, en los territorios más afectados por el conflicto
armado se identifican una serie de condiciones comunes que favorecieron o
permitieron la reproducción y prolongación del mismo por décadas.
A
continuación, y como referente, se
proponen cinco (5) ejes temáticos que recogen estas problemáticas y
conflictividades, algunas de las cuales han sido identificadas como retos en el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el marco de los diálogos de paz.
1. Desarrollo rural integral sostenible y ordenamiento territorial.
El conflicto armado ha afectado principalmente a territorios que enfrentan grandes desafíos en términos de desarrollo integral, sostenibilidad ambiental y ordenamiento territorial. El 88% de los municipios donde la incidencia del conflicto es alta y muy alta, son municipios clasificados como rurales y rurales dispersos.
Dentro de este eje temático se identifican problemáticas y conflictividades relacionadas con: propiedad y uso de la tierra, presencia de zonas de reserva ambiental, disponibilidad de recursos naturales, planes de ordenamiento territorial, actividad agropecuarias, forestales y mineras en el territorio, oferta para el campo en infraestructura, bienes y servicios públicos, seguridad alimentaria, y productividad rural, necesidades de resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva agrícola, entre otros.
2. Víctimas del conflicto armado.
Colombia cuenta con 6,1 millones de víctimas del conflicto armado sujeto de reparación cuyas afectaciones se presentaron en territorios de alta presencia de grupos armados ilegales, pobreza y baja institucionalidad.
Colombia cuenta con una Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armando Interno. Además, las víctimas han sido el centro de los actuales diálogos de paz, priorizando la garantía de derechos y la reparación integral a las víctimas como temas en los que la nación y los gobiernos territoriales tendrán que hacer enormes esfuerzos.
Este eje temático recoge las problemáticas y conflictividades asociadas a la violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado (homicidio, desplazamiento, secuestro, víctimas por minas antipersonales, reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otros) y a la implementación de los componentes de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.
3. Fortalecimiento institucional y participación.
En la mayoría de los casos, el conflicto armado se ha ubicado en territorios con bajo desempeño institucional y con pocas condiciones para el ejercicio del derecho a la participación por parte de la sociedad civil. Según el Índice de Desempeño Integral del DNP, el 57% de los municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto armado, tienen un desempeño institucional medio, bajo o crítico (DNP, 2015). Por su parte, siguiendo datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE, solamente el 7% de ciudadanos que conocen los mecanismos e instancias de participación ciudadana los han usado alguna vez, 74% de las personas no cree que dichos dispositivos beneficien a todos por igual, el 72% considera que no sirven para reivindicar derechos, y el 65% asegura que no permiten el cumplimiento de planes, programas y proyectos para la comunidad.
Dentro de este eje temático se identifican las problemáticas y conflictividades relacionadas con una débil gestión institucional de los municipios (capacidades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas, articulación con la sociedad civil), y con una débil o baja participación de la sociedad civil en espacios de participación, veeduría ciudadana, construcción de agendas de desarrollo y paz, iniciativas de paz existentes, interlocución con la institucionalidad, entre otras. En este eje también se identifican las capacidades de la institucionalidad y de la sociedad civil frente a la construcción de paz (abordaje de conflictos, diálogo, concertación, mecanismos de resolución pacífica).
4. Economías ilegales y alternativas productivas.
El 60% de los cultivos ilícitos censados en 2013 y 2014 se concentraron en municipios y departamentos con alta afectación por conflicto. En estos mismos años, las fronteras con Perú, Brasil y Panamá se consolidaron como los principales focos de minería ilegal y explotación ilícita de recursos naturales (DNP, 2015). Para atender este problema, el PND ha planteado los objetivos de fortalecer la articulación del Estado en un marco de política criminal coherente, eficaz y con enfoque restaurativo y de enfrentar elproblema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada.2 Además, desde los diálogos de paz se ha propuesto una solución con un enfoque de desarrollo rural, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y programas para tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública.
Las principales problemáticas asociadas a este eje temático son la presencia de cultivos ilícitos, de economías ilegales, la carencia de alternativas productivas sostenibles y el consumo de sustancias psicoactivas.
5. Justicia y seguridad.
El acceso a la justicia y la seguridad en el territorio son dos condiciones necesarias para conseguir una paz estable y duradera en el país. De acuerdo con el PND 2014-2018, existe un patrón demográfico de concentración de la impunidad como resultado de un bajo desempeño de la justicia en departamentos de alta afectación por conflicto e inseguridad; mientras que departamentos de baja intensidad del conflicto registran bajas tasas de impunidad. Estos temas representan, además, enormes desafíos en un escenario de posconflicto, donde un gran número de excombatientes estarán pasando por un proceso de desmovilización e incorporación a la vida civil, en comunidades y territorios donde habrá que reconstruir el tejido social y generar condiciones de convivencia pacífica, solidaridad y confianza.
El eje de justicia y seguridad recoge las problemáticas asociadas a la inseguridad en el territorio (presencia de actores armados, crimen organizado, minas antipersonales y otros artefactos similares, entre otros), a la inseguridad ciudadana y humana, a la baja capacidad en la prestación de servicios de justicia por parte del Estado, a la subutilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y a los retos para la incorporación a la vida civil de desmovilizados, entre otras. También se identifican las problemáticas relacionadas con el ejercicio de los derechos civiles y políticos de personas, organizaciones y comunidades.
Resumen de la política social
Para el Departamento Nacional de Planeación, a raíz del proceso de descentralización, la mayor parte de los recursos de inversión pública del país se planifican y ejecutan en las entidades territoriales y son éstas, particularmente los departamentos, municipios y distritos, las primeras responsables de formular y ejecutar planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de derechos de la ciudadanía en cada uno de los grupos poblacionales. Por lo anterior, es fundamental que los mandatarios territoriales entiendan y asuman su responsabilidad como garantes de los derechos de la infancia, la adolescencia y la mujer y como responsables de la definición de metas medibles encaminadas a este fin.
Los principales indicadores que se pueden obtener con los diversos conceptos de la fuerza laboral, en término de relaciones, son los siguientes: Porcentaje de PET: PET / PT x 100 Tasa Global de Participación: TGP= PEA / PET x 100 Tasa de Desempleo: TD= D / PEA x 100 Tasa de Ocupación: TO= O / PET x 100 Tasa de Subempleo: TS= S / PEA x 100
Los dos grandes paradigmas vigentes, con base en los cuales se han generado las políticas sociales en el mundo occidental en los últimos 50 años, más específicamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial son: la concepción del Estado Benefactor o Estado de Bienestar y el Modelo Neoliberal. El paradigma de las políticas sociales del Estado de Bienestar moderno no es un Estado de servicios sociales dirigidos al uso de los recursos comunes para abolir la miseria y asistir a los más desfavorecidos, sino una de las grandes uniformidades estructurales de la sociedad moderna, en la que el poder político se emplea para modificar, con medios legislativos y administrativos, el juego de las fuerzas del mercado en tres sentidos:
1. Garantizar a los individuos y las familias una renta mínima independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio.
2. Reducir la inseguridad social capacitando a todos los ciudadanos para hacer frente a circunstancias difíciles (enfermedad, vejez, desempleo, etc,).
3. Garantizar a todos, sin distinción de clase ni de renta, las mejores prestaciones posibles de un conjunto determinado de servicios. El Modelo Neoliberal plantea que dentro de una convivencia democrática deben asegurarse las libertades individuales, la seguridad nacional y el mantenimiento del sistema con base en un orden jurídico. Este modelo se caracteriza por la privatización, la libertad de mercados, la globalización de la economía la reforma monetaria y la reducción del gasto público, para lo cual hay que promover el crecimiento de la economía sobre la base del desarrollo de las relaciones de producción capitalista.
Este modelo se ha implementado en América Latina, especialmente por la influencia que ejercen en la región el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para el Modelo Neoliberal lo que existen son las políticas económicas que tienen su injerencia en lo social. Por esto, la visión de las políticas sociales muestra marcada diferencia con el modelo socialdemócrata. El conjunto de políticas sociales se ha organizado en el concepto de “desarrollo social”, que para esta alternativa puede ser definido como “el despliegue de las fuerzas productivas de un país o región para lograr el abastecimiento de los elementos materiales vitales como también de bienes culturales dignos y de servicios de toda índole al conjunto de la sociedad. Todo dentro del marco de un orden político-social que garantice igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad y que le garantice, a su vez, participar en las decisiones políticas y en el disfrute del bienestar material y cultural que todos ellos en común han creado”.
La implantación de una política social debe considerar tres componentes básicos: el aparato productivo, especialmente en lo relacionado con la generación y distribución de riqueza; la estructura social, referida principalmente a la superación de las condiciones injustas de vida; y el desarrollo del potencial humano, enfocado hacia la distribución justa de las oportunidades en el conjunto de la población y, al mismo tiempo, considerar una base mínima para todos los individuos, independientemente de sus logros, que garantice una forma de vida digna. ( CECAR, 2013, Gerencia del desarrollo regional, pp. 98-99 y 100).
POBREZA Y EQUIDAD.
En el marco de los niveles de vida y la pobreza, a la situación de guerra se une la crisis del Estado nación. Una de sus dimensiones tiene que ver con la dificultad creciente del Estado de representar y preservar el interés general. Otra, se refiere a la pérdida del sentido de lo público y la profundización de la fractura social. Existe, entonces, un vacío en los fundamentos de la democracia, una postergación del Estado Social de Derecho y la persistencia de las desigualdades y la injusticia social.
La desigualdad social explica los altos niveles de pobreza. En esta situación se encuentra el 57% de los colombianos y otro 23% está en alto riesgo. Un 13% de la población compone la clase media y sólo el 7% restante compone los niveles más altos de la estratificación socioeconómica. De la base hacen parte, igual que dos siglos atrás, las poblaciones indígenas y negras, los obreros y campesinos, los desempleados, mujeres jefes de hogar y el amplio universo de trabajo informal que alcanza el 54% de la fuerza laboral ( Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fondo de Población de las Naciones Unidas – serie población, Ordenamiento y desarrollo. Guía Metodológica 1: Elementos poblacionales Básicos para la Planeación, P.9 Bogotá – Colombia 2004).
Colombia es una sociedad que culturalmente se distingue por no haber incorporado el valor de la igualdad y los derechos ciudadanos en su vida cotidiana y en su organización social. El estilo de desarrollo seguido, además de mantener y reproducir las desigualdades entre ricos y pobres, genera una rígida segmentación, aumenta la distancia social entre los diferentes sectores y se dificultan los mecanismos de movilización y ascenso social.
Las desigualdades sociales, económicas y políticas alcanzan tal grado de aberración que el propio Estado fomenta y reconoce oficialmente la estratificación social de la población ( Consejo Nacional de Planeación, 2004)
Colombia es el único caso en el mundo en el cual el Estado regula legalmente la estratificación. En desarrollo de la Ley 142 de 1994, el Departamento Nacional de Planeación diseñó una metodología de estratificación socioeconómica que impuso arbitraria y autoritariamente, bajo la amenaza de la sanción administrativa y penal, a los alcaldes para ser aplicada en todos los municipios del país. Los resultados han sido utilizados para el incremento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y el aumento acelerado del impuesto predial. La estratificación ha servido, también, para identificar a los beneficiarios de subsidios en salud, educación, vivienda y servicios públicos domiciliarios. A inicios del Siglo XXI se mantiene una sociedad organizada en castas, a pesar de su abolición formal con el grito de la Independencia en 1810.
En los últimos 30 años la pobreza creció como parte de la expulsión violenta de los campesinos de sus zonas rurales, de una macrocefalia acelerada y caótica, de un Estado corporativista que no responde a los intereses generales, de una modernización trunca de los sectores reales de la economía y de la alta concentración de la riqueza y de los ingresos. ( CECAR,2013, Gerencia del Desarrollo Regional, pp. 78,79 y 80)
LA TEORÍA DE LA POLÍTICA SOCIAL.
La política social se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de desarrollo humano en la sociedad y la participación ciudadana en la toma de decisiones orientadas a lograr una equitativa asignación de bienes y servicios. Aunque la política social incluye las intervenciones estatales, ésta no se restringe a ellas, debido a que el compromiso del sector privado, de la comunidad y de los actores políticos es necesario para los procesos de toma de decisiones, y a la hora de implementar y manejar programas de cambio social se requiere de todos ellos.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, el objetivo de las políticas sociales es lograr el pleno desarrollo de las capacidades de todos los seres humanos y hacer ver que la vida de estos es importante. Varias declaraciones se han hecho enfocando el objetivo de las políticas sociales en los seres humanos, entre ellas la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de Río en 1992: “Principio 1: Los seres humanos son el centro de preocupación para el desarrollo sostenible. Requiere de buena salud y de una vida productiva para armonizar con la naturaleza”. El Estado debe velar por la consecución de estos fines.
Al hablar de política social, el primer aspecto que se debe considerar es: ¿Cuáles son los problemas de los que se ocupa la política social?; el segundo: El importante papel del Estado en procurar y gestionar el bienestar público, sobre todo en las sociedades capitalistas modernas.; el tercero: ¿Cuáles son los supuestos socioculturales, económicos y políticos en torno a los cuales se ha organizado la política social en los países más avanzados, y si es posible considerar la vigencia de esos mismos supuestos en nuestras sociedades? En las sociedades avanzadas, la política social se ocupa de tres áreas básicas: 1. Las políticas de producción, administración y acceso a los bienes y servicios públicos (salud, educación, alimentación, vivienda). 2. Las políticas de empleo y los arreglos correspondientes sobre las formas de remuneración. 3. Las políticas fiscales de ingreso y gasto público, en particular las referidas a los gastos sociales a través de asignaciones directas, subsidios y transferencias.
El Estado gestiona estos tres tipos de acciones de política en el marco de ciertos supuestos que fueron constituyéndose a lo largo del proceso de modernización de las sociedades. Estos supuestos son los siguientes: a. Producción social basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo asalariado libre. b. Abastecimiento generalizado de bienes y servicios a través del intercambio mercantil. c. Reducción de los lazos de índole comunitario-vinculante a los lazos correspondientes a la familia nuclear: cónyuges e hijos menores de edad. d. Sustitución de los lazos de pertenencia comunitaria, clásica y estamental por el estatuto de ciudadanía, que atribuye al conjunto de los miembros considerados ciudadanos de un Estado-nación un conjunto de derechos y obligaciones formales iguales para todos. e. Dependencia material generalizada de los ciudadanos de los ingresos provenientes del trabajo asalariado. En el caso de los países capitalistas avanzados, el conjunto de arreglos económico-sociales instrumentados a través de las políticas sociales dieron lugar a la conformación de sistemas de seguridad social, y han sido denominados genéricamente Estado Benefactor o Estado de Bienestar.
EL ESTADO Y LA POLÍTICA SOCIAL.
En el contexto de las políticas sociales desde diversas concepciones de Estado, uno de los temas de mayor interés en las Ciencias Sociales es el de las transformaciones y cambios del Estado, y en este amplio espectro tiene singular importancia el tema de la política social, que fluctúa desde visiones en las cuales se les da una gran importancia hasta quienes sostienen que lo que realmente existe son las políticas económicas, cuya efectividad se evalúa por los impactos sociales que generan. Los dos grandes paradigmas vigentes, con base en los cuales se han generado las políticas sociales en el mundo occidental en los últimos 50 años, más específicamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial son: la concepción del Estado Benefactor o Estado de Bienestar y el Modelo Neoliberal. La concepción del Estado de Bienestar tiene sus orígenes a fines del Siglo XIX y se prolonga hasta nuestros días, alcanzando su pleno desarrollo a partir de 1945, cuando la mayoría de los países capitalistas de Europa asumen la política económica keynesiana.
Según la teoría keynesiana la expansión de los programas de bienestar actuando desde el Estado se justificaba no sólo con el fin de remediar las necesidades básicas de la población, sino también como política para regular el mercado y revisar el consumo. Los defensores de esta teoría fueron los países socialdemócratas. Las bases de las políticas sociales generadas desde el Estado de Bienestar son gestadas desde arriba, y se fundamentan en el aumento del gasto público hacia lo social e incremento de las cargas fiscales, con el fin de mejorar los niveles de vida de la población, especialmente el empleo, la salud, la educación, la jubilación, incentivando la actividad comercial y la producción, la estabilidad social; consolidando la paz y defendiendo los consensos entre las distintas fuerzas sociales. Una característica de este paradigma consiste en que el Estado se convierte en el empresario más próspero de los países capitalistas avanzados, con una gran presencia en la vida social, especialmente en las relaciones con la sociedad civil. Este paradigma político-social es de gran utilidad para América Latina. La mayor parte de las naciones de esta región viven una situación social semejante a la que vivió Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las economías devastadas, la población padeciendo todo tipo de necesidades, cargados de odio, intolerancia y desesperanza.
Actualmente, el paradigma de las políticas sociales del Estado de Bienestar moderno no es un Estado de servicios sociales dirigidos al uso de los recursos comunes para abolir la miseria y asistir a los más desfavorecidos, sino una de las grandes uniformidades estructurales de la sociedad moderna, en la que el poder político se emplea para modificar, con medios legislativos y administrativos, el juego de las fuerzas del mercado en tres sentidos: 1. Garantizar a los individuos y las familias una renta mínima independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio. 2. Reducir la inseguridad social capacitando a todos los ciudadanos para hacer frente a circunstancias difíciles (enfermedad, vejez, desempleo, etc,). 3. Garantizar a todos, sin distinción de clase ni de renta, las mejores prestaciones posibles de un conjunto determinado de servicios.
El segundo paradigma es el Modelo Neoliberal, el cual plantea que dentro de una convivencia democrática se aseguren las libertades individuales, la seguridad nacional y el mantenimiento del sistema con base en un orden jurídico. Este modelo se caracteriza por la privatización, la libertad de mercados, la reforma monetaria, la reducción del gasto público y la globalización de la economía, para lo cual hay que
promover el crecimiento de la economía sobre la base del desarrollo de las relaciones de producción capitalista. Este modelo se ha implementado en América Latina, especialmente por la influencia que ejercen en la región el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por esto, la visión de las políticas sociales muestra marcada diferencia con el Modelo Socialdemócrata.
Para este paradigma, la vieja contradicción entre política social y económica no puede existir, y menos aún la idea de que puede haber una interacción entre política económica y política social, como argumenta la Socialdemocracia. Para el Modelo Neoliberal lo que existen son las políticas económicas que tienen su injerencia en lo social.
sábado, 25 de marzo de 2017
Resumen
Los fundamentos constitucionales de la planeación pública en Colombia los establecen la Constitución Política en el Título XII, Capítulo II “De los Planes de Desarrollo” y los Artículos 339 al 344, siendo desarrollados por la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
De acuerdo con lo anterior, a la Nación le corresponde elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual contiene una Parte General y un Plan de Inversiones de las entidades públicas del orden nacional.
En la Parte General se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. A las entidades territoriales como departamentos, distritos y municipios, les corresponde, por su parte, elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. Los planes de desarrollo son estudiados y aprobados, en su respectivo nivel territorial de la siguiente manera: Plan Nacional de Desarrollo – Congreso de la República Plan de Desarrollo Departamental – Asamblea Departamental de Diputados Plan de Desarrollo Distrital – Concejo Distrital Plan de Desarrollo Municipal – Concejo Municipal
Las autoridades de planeación en los distintos niveles territoriales son las siguientes: Nivel Nacional: Presidente de la República, Departamento Nacional de Planeación, el CONPES Ministerio de Hacienda y Crédito Público, demás Ministerios y los Departamentos Administrativos. Nivel Departamental: Gobernador, Secretaría de Planeación, Consejo de Gobierno, demás Secretarías de despacho e Institutos Departamentales. Nivel Municipal o Distrital: Alcaldes, Secretarías de Planeación y Consejos de Gobierno.
Las instancias de planeación a nivel nacional y territorial son las siguientes: Nivel Nacional: Congreso de la República y Consejo Nacional de Planeación Nivel departamental: Asamblea Departamental y Consejo Departamental de Planeación Nivel Municipal o Distrital: Concejo Municipal o Distrital y Consejo Municipal o Distrital de Planeación El plan de desarrollo es un instrumento técnico que orienta la inversión pública y privada en una entidad territorial. El proceso de planificación del desarrollo regional consta de las etapas formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.
El proceso de planificación debe ser participativo, con la acción de las autoridades e instancias de planificación, la sociedad civil y la comunidad en general. Los planes de desarrollo territoriales deben estar articulados al plan nacional de desarrollo, con el fin de que estos puedan contar con cofinanciación del nivel nacional.
Todos los proyectos que han de contar con cofinanciación del nivel nacional deben estar inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del respectivo municipio o departamento.
LA PLANEACIÓN PÚBLICA.
Los fundamentos constitucionales de la planeación pública en Colombia los establecen la Constitución Política en el Título XII, Capítulo II “De los Planes de Desarrollo” y los Artículos 339 al 344, siendo desarrollados por la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
LOS PLANES DE DESARROLLO Y LOS NIVELES DE PLANEACIÓN.
El Artículo 339 de la Constitución Política expresa que: “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una Parte General y un Plan de Inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la Parte General se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.
LAS POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO.
La Parte Estratégica de los Planes de Desarrollo Territoriales (Departamento, Distrito y Municipio) contiene un diagnóstico general, objetivos generales y sectoriales a mediano y corto plazo, estrategias y políticas, procedimientos/mecanismos y medios e instrumentos para la armonización del plan. El plan de inversiones de mediano y corto plazo contiene la proyección de los recursos financieros disponibles, la descripción de programas, subprogramas y proyectos prioritarios de inversión, los presupuestos plurianuales con la proyección de los costos y los mecanismos de ejecución y evaluación del plan.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN.
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece los siguientes principios generales de la planeación. * Autonomía
* Coordinación * Prioridad del Gasto Público Social * Participación * Desarrollo Armónico de las Regiones * Eficiencia * Coherencia * Ordenación de Competencias * Consistencia * Sustentabilidad Ambiental * Proceso de Planeación * Viabilidad * Conformación de los Planes de Desarrollo
LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS DE PLANEACIÓN.
El Artículo 340 de la Constitución Nacional y el Capítulo III, Artículos 8 al 12 de la Ley 152 d 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo definen quienes son autoridades e instancias de planeación.
A nivel nacional existe un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales.
El Consejo tiene carácter consultivo y sirve de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional de Planeación son designados por el presidente de la República, de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores señalados. Su periodo es de ocho años y cada cuatro años se renueva parcialmente la mitad de sus miembros.
En las entidades territoriales también existen Consejos Territoriales de Planeación, según el nivel territorial. El Consejo Nacional de Planeación y los Consejos territoriales de Planeación constituyen el sistema nacional de Planeación.
El siguiente cuadro muestra las autoridades e instancias de planeación a nivel nacional, departamental y municipal.
Notas y tareas de Gerencia de Desarrollo Regional
Por favor consultar las notas que están en el blog. Este material debe ser leído y analizado así:
Grupo 1. Que es un plan de desarrollo
Grupo 2. Los PDT y la construcción de paz
Grupo 3.Unidad 1 Diagnostico
Grupo 4. Unidad 2. Parte estratégica
Grupo 5 .Unidad 3. Plan de inversiones
De igual manera se desea que cada grupo analice el siguiente material :
Grupo 1. Las tres erres para construir la paz
Grupo 2. Conversatorio : Planes de desarrollo con enfoque de paz 2016-2019
Grupo 3.La paz en Foco: los cambios necesarios en la cultura política en el posacuerdo
Grupo 4. Modulo 7. La Paz territorial
Grupo 5 . Sergio de Zubiria . La paz territorial
viernes, 24 de marzo de 2017
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN. El Salto Social: La Sociedad pide cuentas. Santafé de Bogotá D.C. 1997
ZALL KUSSEK, Jody Rist. C. Ray. Manual para Gestores del Desarrollo. Diez pasos hacia un Sistema de Seguimiento y Evaluación Basados en Resultados. Banco Mundial, Ediciones Mayot. 2006
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia – Orientaciones para la Acción Territorial. Gente Nueva Editorial. Bogotá D, C. 2007
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Planificación: Base de la Gestión Municipal, 2004 – 2007
LEY 152 DE 1994 O LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO. Congreso de la República. Bogotá D.C. 1994
AMAR AMAR, JOSÉ JUAN. Políticas Sociales y Modelos de Atención Integral a la Infancia. Ediciones Uninorte, Barranquilla 2001
BANCO DE LA REPÚBLICA. Reportes del Emisor, Políticas de Empleo en la Nueva Era Económica, Reporte Nº 34
FUNDESARROLLO – PRODUCARIBE. Indicadores de Competitividad en la Costa caribe Colombiana, Actualización versión 2001, Barranquilla
ASAMBLEA NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN. Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015. Bogotá D.C. 2007
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Ediciones Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Bogotá D, C. 2004
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Planificación: Base de la Gestión Territorial. 2004 – 2007.
GOBIERNO EN LÍNEA. Portal Virtual del Estado Colombiano. www.gobiernoenlinea.gov.co
¿Qué se conoce como Ministerio Público?
El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales y los Personeros Municipales.
Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. La Contraloría General de la Repúblicatiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración (Art. 119 C.N.).
¿Quiénes integran la Organización Electoral?
La Organización Electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas (Art. 120 C.N.). Por su parte, las Entidades Descentralizadas del orden nacional son las siguientes: Los Establecimientos Públicos. Son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho público, y reúnen las siguientes características:
* Personería Jurídica
* Autonomía administrativa y financiera
* Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes. La dirección y administración de los establecimientos públicos están a cargo de un Consejo Directivo y de un Director, Gerente o Presidente.
El Sena es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social.
Las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias poseen autonomía administrativa y patrimonial.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
La Superintendencia Nacional de Salud es la dependencia del gobierno encargada de la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A través de ella se garantiza el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Es un órgano de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Las Empresas Sociales del Estado son creadas por la Nación o las entidades territoriales para prestar en forma directa los servicios de salud.
Las Empresas Oficiales de Servicios Públicos Domiciliarios prestan los servicios de telefonía, acueducto, alcantarillado, aseo, etc.
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado.
Estas empresas tienen las siguientes características: *Personería jurídica *Autonomía administrativa y financiera *Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios.
El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.
La dirección y administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado está a cargo de una Junta Directiva y de un Gerente o Presidente.
La Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol- es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, encargada de explorar y explotar yacimientos petrolíferos, mediante contratos de adjudicación o concesión a particulares. ( CECAR, Gerencia del Desarrollo Regional, 2013. pp. 27-28).
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