La tara contrarreformista

La tara contrarreformista

José Fernando Flórez


El Estado es el primero llamado a intervenir la economía para combatir la desigualdad y su herramienta fundamental para el efecto son los impuestos. Viernes 10 Septiembre 2010.

Existe una patología ancestral entre los políticos que consiste en proponer reformas para atacar los efectos en lugar de las causas de los problemas. Esta condición no sería tan grave si lo que obtuviera el país que la padece fuera sólo la persistencia de las dificultades. No obstante, el resultado de estas intervenciones suele ser el empeoramiento de las cosas, en una dinámica de reformismo mórbido donde las reformas terminan convertidas en contrarreformas, los avances en retrocesos y los gobiernos en verdugos del siempre precario progreso conseguido por sus predecesores.

Esta deficiencia, aunque muchas veces inconsciente por lo generalizada, dista de ser gratuita, pues obedece al hecho de que los cambios estructurales suelen perjudicar los intereses de algún grupo privilegiado, que de corriente se cuenta entre los principales financiadores de las campañas políticas de quienes tienen el poder, cuando no son ellos mismos.

Tristemente los ejemplos al respecto ya abundan en el gobierno que se estrena. En materia económica, los malabares que anunció el Ministro de Hacienda para cumplir con el ambicioso programa de Santos sin aumentar el presupuesto, reasignando partidas que sólo aumentan el déficit fiscal, en lugar de replantear el sistema tributario (uno de los más regresivos de América Latina), indican que este gobierno le apuesta a los paños de agua tibia, a abrir nuevos huecos para tapar los viejos.

Es una gruesa mentira afirmar que el crecimiento económico se perjudica con una mayor tributación; falso supuesto con el que Santos justificó la absurda promesa de campaña de que no crearía ni aumentaría impuestos. Hoy una abundante literatura demuestra que antes que la intervención económica estatal, es su ausencia la que propicia la falta de desarrollo y con ella las injusticias sociales más grandes del mundo.

Sin embargo, este gobierno aún comulga a pies juntillas con la doctrina neoliberal radical obsoleta que erige como lugar sacrosanto a “las fuerzas del mercado”, habiéndolas convertido incluso en lema de campaña: “tanto mercado cuanto sea posible y tanto Estado cuanto sea necesario”. Pues bien, para actualizarla con la ciencia económica hoy vigente, habría que replantear la premisa en los siguientes términos: “tanto Estado como sea necesario, de modo que para los pobres sea posible hacer mercado”. Señores del gobierno: las “fuerzas del mercado" per se y la “mano invisible” de Smith, esa insuperable entelequia macroeconómica, hasta ahora sólo han servido para perpetuar la miseria. Por esta razón, el Estado es el primero llamado a intervenir la economía para combatir la desigualdad y su herramienta fundamental para el efecto son los impuestos. Sin un alto recaudo que posibilite la inversión redistributiva, cualquier forma de desarrollo es, sencillamente, inviable. En Pobreza y hambruna, Amartya Sen demostró que el hambre mundial no es consecuencia de la escasez de alimentos sino de la desigualdad en sus medios de distribución. Grosso modo, igual ocurre con el resto de bienes y servicios básicos: el mercado puede producirlos por montones, pero el verdadero reto del Estado siempre consistirá en lograr distribuirlos bien.

Recordemos también la salida de hace poco de Santiago Montenegro, el Presidente de Asofondos, a quien supongo que debemos agradecerle haber propuesto subir la edad de jubilación en lugar de bajar la esperanza de vida de los colombianos. Aumentar la edad para pensionarse no sólo es cruel con los trabajadores, sino una ridiculez que pone en evidencia el carácter irrisorio que adquiere la seguridad "social" en una economía que no lo es. La bomba pensional es apenas uno más de los corolarios de esta contradicción esencial. La verdadera solución, si queremos que la fábula del “Estado Social de Derecho” se materialice algún día, exige cambiar la estructura económica, que viene perfilada en gran medida nuevamente por el sistema tributario: para tener con qué financiar cualquier forma de asistencialismo se requiere una tributación realmente progresiva, donde quienes más tienen financien a los que menos.

Pero el espectáculo más patético lo ofrece la mal llamada “reforma” judicial. Para empezar, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura trasladando sus funciones administrativas a un “Consejo Superior Judicial” compuesto esencialmente por los presidentes de las altas cortes, y sus funciones disciplinarias a la Procuraduría, sólo consigue deslegitimar el control sobre la gestión judicial, cuando lo que se necesita es justamente lo contrario: fortalecer lo y tecnificar lo. Es un despropósito pretender“desatar” un nudo gordiano cortándolo de tajo.

Sin duda, la enfermedad contrarreformista alcanza su mayor grado de morbidez cuando se intenta reformar lo que hasta ahora ha funcionado bien, pero se considera que lo ha hecho mal, ¡justamente porque lo ha hecho muy bien! Me explico: la tutela contra providencias judiciales que incurren en vías de hecho se ha convertido en la piedra en el zapato de cada nuevo gobierno que, inexplicablemente, siempre busca restringirla so pretexto de garantizar la “seguridad jurídica”, cuando lo único que significa la tutela en estos casos es su realización al corregir las nefastas consecuencias de fallos absurdos, abiertamente antijurídicos. A su vez, consagrar el control disciplinario por parte de los jueces superiores es firmar el acta de defunción de la independencia de los jueces inferiores y no proteger la nuevamente malentendida “seguridad jurídica”, como este gobierno cree.

Por último, el podio de propuestas estúpidas se lo disputan la de bajar la edad para penalizar adolescentes sin paliativos, que en el sentir del Ministro del Interior sería la panacea contra la violencia juvenil; la criminalización de quienes paguen extorsiones, es decir, sus víctimas, que para el Ministro de Defensa acabaría con el delito de extorsión. Y, por supuesto, la reelección de alcaldes y gobernadores, como si el país no hubiera tenido ya suficiente con el reeleccionismo exacerbado en el nivel nacional.

Hay, sin embargo, tres reformas estructurales propuestas por este gobierno que atacan la raíz de los grandes problemas: la de regalías, la de víctimas y la de tierras. Fuera de la falta de espacio, la razón por la que no las voy a tratar aquí es que, lamentablemente, su viabilidad a causa de la rapiña parlamentaria de corrupción departamental, la tradicional mezquindad de los conservadores que ya se pronunciaron en contra de la igualdad resarcitoria de las víctimas del Estado y los intereses de los terratenientes y ganaderos (varios de ellos los mismos congresistas), casi equivale a que nunca se hubieran presentado. Ojalá me equivoque.

Candidato a Doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad París II Panthéon-Assas