Resumen de la política social 

Para el Departamento Nacional de Planeación, a raíz del proceso de descentralización, la mayor parte de los recursos de inversión pública del país se planifican y ejecutan en las entidades territoriales y son éstas, particularmente los departamentos, municipios y distritos, las primeras responsables de formular y ejecutar planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de derechos de la ciudadanía en cada uno de los grupos poblacionales. Por lo anterior, es fundamental que los mandatarios territoriales entiendan y asuman su responsabilidad como garantes de los derechos de la infancia, la adolescencia y la mujer y como responsables de la definición de metas medibles encaminadas a este fin. 

Los principales indicadores que se pueden obtener con los diversos conceptos de la fuerza laboral, en término de relaciones, son los siguientes: Porcentaje de PET: PET / PT x 100 Tasa Global de Participación: TGP= PEA / PET x 100 Tasa de Desempleo: TD= D / PEA x 100 Tasa de Ocupación: TO= O / PET x 100 Tasa de Subempleo: TS= S / PEA x 100 

Los dos grandes paradigmas vigentes, con base en los cuales se han generado las políticas sociales en el mundo occidental en los últimos 50 años, más específicamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial son: la concepción del Estado Benefactor o Estado de Bienestar y el Modelo Neoliberal. El paradigma de las políticas sociales del Estado de Bienestar moderno no es un Estado de servicios sociales dirigidos al uso de los recursos comunes para abolir la miseria y asistir a los más desfavorecidos, sino una de las grandes uniformidades estructurales de la sociedad moderna, en la que el poder político se emplea para modificar, con medios legislativos y administrativos, el juego de las fuerzas del mercado en tres sentidos:

1. Garantizar a los individuos y las familias una renta mínima independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio. 

2. Reducir la inseguridad social capacitando a todos los ciudadanos para hacer frente a circunstancias difíciles (enfermedad, vejez, desempleo, etc,).

 3. Garantizar a todos, sin distinción de clase ni de renta, las mejores prestaciones posibles de un conjunto determinado de servicios. El Modelo Neoliberal plantea que dentro de una convivencia democrática deben asegurarse las libertades individuales, la seguridad nacional y el mantenimiento del sistema con base en un orden jurídico. Este modelo se caracteriza por la privatización, la libertad de mercados, la globalización de la economía la reforma monetaria y la reducción del gasto público, para lo cual hay que promover el crecimiento de la economía sobre la base del desarrollo de las relaciones de producción capitalista. 

Este modelo se ha implementado en América Latina, especialmente por la influencia que ejercen en la región el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para el Modelo Neoliberal lo que existen son las políticas económicas que tienen su injerencia en lo social. Por esto, la visión de las políticas sociales muestra marcada diferencia con el modelo socialdemócrata. El conjunto de políticas sociales se ha organizado en el concepto de “desarrollo social”, que para esta alternativa puede ser definido como “el despliegue de las fuerzas productivas de un país o región para lograr el abastecimiento de los elementos materiales vitales como también de bienes culturales dignos y de servicios de toda índole al conjunto de la sociedad. Todo dentro del marco de un orden político-social que garantice igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad y que le garantice, a su vez, participar en las decisiones políticas y en el disfrute del bienestar material y cultural que todos ellos en común han creado”. 

La implantación de una política social debe considerar tres componentes básicos: el aparato productivo, especialmente en lo relacionado con la generación y distribución de riqueza; la estructura social, referida principalmente a la superación de las condiciones injustas de vida; y el desarrollo del potencial humano, enfocado hacia la distribución justa de las oportunidades en el conjunto de la población y, al mismo tiempo, considerar una base mínima para todos los individuos, independientemente de sus logros, que garantice una forma de vida digna. ( CECAR, 2013, Gerencia del desarrollo regional, pp. 98-99 y 100).