El Caguan economico. Deterioro acelerado

Resultados desoladores del modelo económico de estos diez años.

Por HERNANDO AGUDELO VILLA



Los grandes proyectos de transformación que se anunciaron con las reformas neoliberales al principio de los años 90, se han convertido en 10 años, en una profunda frustración. Los índices de decadencia del país son insoslayables y los prospectos de redención no se vislumbran con claridad. El modelo se trató de justificar como un medio para ampliar la inserción internacional del país y elevar el crecimiento económico y el nivel de vida de la población. Bastaría -se pensaba - aplicar políticas para asegurar la estabilidad macroeconómica bajo un enfoque puramente monetarista; la apertura indiscriminada al exterior; la liberación y desregulación de las actividades económicas; el despojo al Estado de sus funciones de rectoría del rumbo económico y social; la privatización de empresas y la realización de reformas tributarias de carácter regresivo.


Los resultados han sido opuestos a los previstos y revelan que las tesis que sirvieron de base no correspondían a la realidad del país, asediado, ya entonces, por los fenómenos del narcotráfico y la insurgencia guerrillera. Al lado de una relativa estabilidad macroeconómica, la Nación ha sufrido un acelerado y profundo deterioro en todos los frentes. Del boom escandalosamente especulativo de los primeros años del experimento, el país ha caído en una profunda recesión que se califica como más severa que la depresión de los años 30. Se ha destruido parte importante de la base productiva con el aplastamiento de las actividades agropecuarias, industriales y comerciales, vinculadas a la producción nacional. La cuantiosa y persistente deuda interna y externa ha agobiado y bloqueado la posibilidad de desarrollo a mediano y largo plazo. Y, ante todo, han sido gravemente disminuidas las condiciones de vida de las inmensas mayorías; se han marginado del desarrollo amplios núcleos sociales, incluyendo a las capas medias, y a pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad; y se ha impulsado un masivo crecimiento de los llamados sectores informales.


Los esporádicos aumentos de los precios del petróleo y de algunas exportaciones con el aliciente de las devaluaciones, parecen estar anestesiando a los rectores de la economía y a no pocos directores de los gremios empresariales, quienes, fuera de la realidad del país, creen que estamos superando las dificultades. Los signos negativos son contundentes para señalar el fracaso de las políticas que se vienen aplicando; y tales signos no podrán esconderse con cambios de metodología para determinarlos.


Signos negativos


La tasa de desempleo no retrocede un ápice del 20,4 por ciento de la población laboral. En 1999 el país tuvo un crecimiento negativo del 5 por ciento con secuelas devastadoras en los campos empresarial y financiero. Y con una recuperación de tasas de crecimiento entre el 2 y el 3 por ciento en el año 2001, como lo espera el Gobierno, y si se logran, tal avance será muy precario y puede que no sea sostenible si se tiene en cuenta la desaceleración de la economía norteamericana, los bajos precios del café y la reducción de la bonanza petrolera. La recesión, el desempleo y el incremento de la pobreza podrán seguir siendo el signo negativo del proceso económico. Los sistemas bancario y financiero, pese a los 12 billones de pesos destinados a su saneamiento, continúan en plena convalecencia y profundamente concentrados. Las mil empresas más grandes del país perdieron en 1999, 2,5 billones de pesos a causa de la recesión. El antes vigoroso Fondo Nacional del Café va camino de extinguirse con la venta de sus principales activos y pérdidas anuales de cerca de 700.000 millones de pesos, como ocurrió el año anterior. Y las perspectivas del precio del grano en los mercados internacionales son muy adversas y Colombia ya perdió su posición de segundo exportador de café en el mundo.


El ahorro del país se ha reducido del 22 al 11 por ciento del PIB en el término de una década. El deterioro del sistema fiscal es monumental. El déficit público se incrementó del 1,2 por ciento del PIB en 1990, al 6,7 por ciento en 1999, debido a que durante la década los gastos del Estado crecieron al 8,3 por ciento del PIB, mientras el aumento de los ingresos fue sólo del 2,3 por ciento. El inmenso déficit se ha venido financiando mediante aumento de la deuda pública interna y externa. El servicio de la deuda absorbe más de la tercera parte de los ingresos corrientes del Estado, lo que significa que el 40 por ciento del presupuesto -21 billones de pesos - se destinarán este año a la amortización de capital y pago de intereses de la deuda, y tan sólo se contará con poco más de 6 billones de pesos para inversión. Sin desconocer la bondad de los esfuerzos que se hacen para ordenar las finanzas de los entes territoriales y el régimen de transferencias y de pensiones, el problema fiscal requerirá medidas mucho más de fondo. Y es una quimera aspirar a sanear un déficit fiscal como el que confronta el Estado en dos o tres años, dada la situación del país, según se acordó con el Fondo Monetario. Ya el Gobierno ha tenido que pedir correcciones al compromiso de reducir el déficit al 2,5 por ciento del PIB en este año. Y da como excusas la sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Estado a cubrir las remuneraciones con base en el índice de inflación pasada y no seguir disminuyendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y haciendo recaer el reajuste que impone la crisis sobre los hombros de los sectores sociales de más bajos ingresos. Falta el recorte de la burocracia, tantas veces realizado que será otro maquillaje al profundo desajuste de las finanzas públicas.


El cacareado éxito de una tasa de inflación menor al 10 por ciento es más un sarcasmo que un gran triunfo, cuando las estadísticas señalan que durante los dos últimos años, 300 mil colombianos han perdido su empleo, el modelo económico ha incrementado en 1'800.000 el número de pobres y de 10 colombianos 2 tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia. La desnacionalización de la economía es evidente. Los bancos, los seguros, los fondos de pensiones, van pasando a manos extranjeras. El capital foráneo controla ya el 36 por ciento de los seguros, lo mismo que acontece con los fondos privados de pensiones con 5,2 billones de pesos, de propiedad de los trabajadores, con la circunstancia agravante de que un 47 por ciento de estos Fondos se destinan a financiar la deuda pública y el resto a actividades más de carácter especulativo que productivas. De la colombianización de la banca de hace tres décadas estamos llegando a su progresiva extranjerización.


Esta desolada situación se quiere superar con las políticas convencionales del Fondo Monetario. Para conseguir un crédito de contingencia de 2,5 millones de dólares, el país ha adquirido compromisos que no le permitirán superar su calamitosa situación económica y social. La economía no se reactiva porque la demanda se ha deprimido notablemente; y en vez de estimularla lo que se aconseja es disminuirla mediante salarios por debajo de la inflación, recorte del gasto público e incremento de impuestos indirectos como los del IVA, y el de las transacciones financieras.


Banco obnubilado


El autónomo Banco de la República no permite siquiera estudiar fórmulas menos traumáticas, como el reordenamiento de la deuda interna, el alza de los aranceles con fines de protección, los préstamos blandos al Gobierno en situaciones de grandes dificultades como las actuales. Y al parecer nada puede hacerse, porque ya la dirección de la economía, que corresponde al Estado de acuerdo con la Constitución, está dividida y anarquizada entre un Ministro de Hacienda impotente a cargo del manejo de un fisco público profundamente deficitario y un Banco Central omnipotente que regula a su antojo las políticas monetaria, crediticia y cambiaria, obnubilado con el control de la inflación.


Lo que está quedando en claro es que la demanda no se puede activar porque la reactivación de la economía implicaría la reducción de las reservas internacionales por el incremento de las importaciones; y porque podrían surgir dificultades para atender la voluminosa deuda externa que el país adquirió bajo los mismos auspicios del Banco Central. Se asegura que, de todas maneras, hay que mantener el cambio libre y proscribir los procedimientos administrativos para el gasto de las divisas, cuya implantación se consideraría una verdadera herejía. Es ya casi una necedad seguir insistiendo en que el gran motor de nuestro desarrollo está en la apertura, en las exportaciones o en la inversión extranjera.


La violencia que padece el país, aun si se lograra la paz con las fuerzas insurgentes, no desaparecerá en corto tiempo. Los desequilibrios sociales y económicos han sido de tal magnitud que el restablecimiento de un clima de orden, convivencia y seguridad, será un proceso lento, poco propicio para la inversión extranjera. El país está llegando al tope de su capacidad de endeudamiento externo. Los mercados de las grandes naciones desarrolladas siguen fuertemente protegidos. Y la verdad es que ni siquiera estamos en capacidad de aprovechar cabalmente las preferencias que nos han sido concedidas, por falta de producción o de condiciones competitivas. Sin descuidar, ni mucho menos, los mercados externos y la integración latinoamericana, ni disminuir los esfuerzos para mejorar la competitividad del país y especializarnos en la exportación de algunos renglones, y abriendo los ojos a la gran revolución tecnológica que vive el mundo -que tenemos que asimilar - hay que insistir en el fortalecimiento del mercado interno, complementado con la ampliación del externo.


La reactivación de la economía y la recuperación del empleo dependerán en gran medida de que volvamos a ocupar las tierras y equipos ociosos, empleemos a nuestra gente, protejamos debidamente y sin excesos la producción nacional de una competencia internacional subsidiada; orientemos los recursos financieros a la economía real y demos dinamismo a la demanda interna mediante una política salarial adecuada, sin intentar vulnerar las conquistas de los trabajadores con el criterio de mejorar la competitividad. Sin una rápida y creciente reactivación económica será imposible realizar y estabilizar acuerdos duraderos de paz. La capacidad de negociación del sistema de empresa privada, distinta al capitalismo salvaje y, por el contrario, con decidida intervención reguladora del Estado, como lo concebimos los liberales, será muy débil en un clima de desempleo y de degradación del nivel de vida de grandes sectores, que no están viendo claros horizontes de redención y pueden lanzarse a propiciar el advenimiento de engañosos sistemas populistas o autoritarios como tenemos ya sobresalientes ejemplos en América Latina.